AYUNO DE MILTON FLORES: ACCION ESPIRITUAL Y POLITICA POR LA LIBERTAD




El 2 de junio los médicos salubristas Dr. Sergio Sánchez y Dr. Padro Musalem, junto al médico psiquiatra Dr. Avelino Jimenez, visitaron el Dr. Milton Flores, director del Equipo Triagrama Instituto, quien se encontraba realizando el ejercicio espiritual de ayuno, asumido en el contexto del ejercicio de transformación cultural hacia el efectivo reconocimiento de la dimensión espiritual del ciudadano, aportando a la promoción de condiciones sociales y personales que habiliten hacerse cargo de la propia vida entendida en comunidad y evitar el funcionamiento dependiente y la adicción.
Tras 16 días, el ayuno fue levantado a propósito de la aparición de señales de activación y respaldo al fondo que da sustento a la acción de Revisión presentada y acogida a trámite en la Corte Suprema de Justicia. Aún nos encontramos en espera de los alegatos.
Compartimos estas palabras escritas por Avelino Jiménez Domínguez, psiquiatra; y Sergio Sánchez Bustos, salubrista, tras esta visita a Águila Sur.

040619
"Un nuevo ayuno ha comenzado el dr. Milton Flores hace 2 semanas, por la absolución de la sentencia condenatoria por posesión de 116 plantas en brote de cannabis sativa, para su consumo personal y próximo en el tiempo en el año 2013.

El contexto en que se desarrolla su solicitud de dignidad no puede ser más simbólico de la crisis del pensamiento político moderno: corrupción en las instituciones a todo nivel; un escenario global de confrontación mundial; crisis terminal del medio ambiente, asociado con abandono de ideales de solidaridad, colaboración, de visiones integrales  de la existencia en el planeta y estímulo al individualismo, la explotación compulsiva de las riquezas, en un modelo neoliberalista.

La solicitud del dr. se da en búsqueda de la dignidad de la libertad humana: no basta con poder optar para ejercerla. Se debe contar elementos de juicio, capacidades reales y sobre todo información.

La doctrina jurídica indica que, habiendo un razonamiento nuevo, por aporte de antecedentes no existentes en un fallo anterior, que apunte indudablemente a la inocencia del sentenciado, el mismo puede solicitar la revisión de su causa a la Corte Suprema.

El antecedente nuevo lo aporta nada menos que Paulina González acusada por hechos similares, dos juicios distintos por los mismos hechos, quien, no obstante, fue absuelta el 2015, después que Milton Flores fuera declarado culpable en 2013 por los tribunales ordinarios y condenado a 541 días remitidos. Es auspicioso que se la hayan aceptado reconociendo que cumplía con los requisitos. Este fue el contexto en el que decidió este segundo ayuno iniciado el 22 de mayo.

Está en juego no solo la revocación de la sentencia de Milton Flores. Está en juego toda la modernidad, en cuanto a reconocer la libertad de las personas sin etiquetas. Las cortes han reconocido que la preparación para un acto lícito, esto es, el consumo, es lícito, es decir, la plantación.

Ha llegado el momento de hablar las cosas como son: se puede cultivar para consumo personal.

Recordemos que la Ley 20.000 ha sido el brazo legal del prohibicionismo que causaba hace algunos años cerca de 80.000 detenidos anuales por porte de marihuana, con el riesgo que se les involucrara en tráfico o microtráfico de manera confusa dependiente de las inspiraciones de los tribunales de turno.
Tal ley permite el uso “personal exclusivo y próximo en el tiempo o para uso médico” dejando en la incerteza las formas de acopio propias de tal consumo.

En 2011, se produce una inflexión política de carácter histórico; un momento de verdad: el psiquiatra Milton Flores, es acusado de autocultivo sin permiso del Servicio Agrícola y ganadero SAG y sustenta su defensa en el derecho esencial al cultivo de la espiritualidad asistido en plantas enteógenas. En cierto modo abriendo el marco de las defensas anteriores de los acusados que se realizaron, por decirlo así, al interior de la misma Ley 20000

Fue entonces que la Ley 20.000 empezó a quedar superada, ya que sería un cuerpo legal de categoría secundaria simplemente no alineado con normas de mayor jerarquía: Constitución de Chile, Convenciones Internaciones.

Luego en 2013 un segundo miembro de TRIAGRAMA, la psicóloga Paulina González, fue acusada de lo mismo durante el desarrollo del primer juicio, pero finalmente su caso terminó con la absolución por la Corte Suprema en junio 2015.

Esta sentencia, junto a otras, establece el precedente que se puede cultivar sin permiso del regulador, para consumo personal y no constituye una ofensa a la salud pública si no hay lesividad, ni daño a terceros. Lo que no obsta para que muchos casos sigan siendo condenados a la fecha por los mismos antiguos argumentos prohibicionistas, que como su nombre dice es para actos diferentes: “que Sanciona el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Sicotrópicas”.

En 2014 Milton Flores ya hizo una primera huelga de hambre de 85 días -que en este caso en que se trata de una acción en el contexto de una tradición espiritual es en rigor un ayuno, por algunas diferencias de significado importantes entre ambos términos- en favor del tan trabajado, esperado y luchado cambio de la Ley 20000.

Nosotros estamos con él en la búsqueda de justicia. No deseamos pensar que en este mundo solo existen las leyes y que nunca alcanzaremos justicia.

Pedimos a todos lo que estén en consonancia con lo central de esta situación que apoyen de diferentes maneras y hagan conocida la situación. ¡ahora, no mañana! El Dr. Flores ha perdido varios kilos, pero está fuerte.  Aquilatemos la situación y actuemos como la conciencia de cada cual le indique."

Dr. Avelino Jiménez Domínguez psiquiatra


 
Dr. Sergio Sánchez Bustos, salubrista





El ayuno de Milton Flores, médico


El 2 de junio los médicos salubristas Dr. Sergio Sánchez y Dr. Padro Musalem, junto al médico psiquiatra Dr. Avelino Jimenez, visitaron el Dr. Milton Flores, director del Equipo Triagrama Instituto, quien se encontraba realizando el ejercicio espiritual de ayuno, asumido en el contexto del ejercicio de transformación cultural hacia el efectivo reconocimiento de la dimensión espiritual del ciudadano, aportando a la promoción de condiciones sociales y personales que habiliten hacerse cargo de la propia vida entendida en comunidad y evitar el funcionamiento dependiente y la adicción.
Tras 16 días, el ayuno fue levantado a propósito de la aparición de señales de activación y respaldo al fondo que da sustento a la acción de Revisión presentada y acogida a trámite en la Corte Suprema de Justicia. Aún nos encontramos en espera de los alegatos.
Compartimos estas palabras escritas por el Dr. Pedro Musalem el 4 de Junio tras esta visita junto a sus colegas.


"El Dr. Milton Flores está hace más de diez días en ayuno voluntario. Sus antecedentes de salud tornan la situación especialmente delicada. Haría falta escribir, tal vez, una Crítica de la Razón Ebria, que indagase en la conciencia mística, ésa que intuye y experimenta la verdad del ser como eterna unidad presente, para aproximarse a la síntesis entre ciencia, filosofía y religión que respira a cada instante en su discurso hablado. Le conocí hace años, y como he podido dialogar con él, comparto a continuación mis impresiones sobre su situación personal, y el estado de cosas en el mundo, tal como las veo.       

Milton Flores (psiquiatra chileno) ha desarrollado un enfoque propio, que entiende que salud y espiritualidad son derechos humanos básicos, e inter-relacionados. Primero, despejemos dudas: la de espíritu es una categoría poco aceptada por el común de los galenos; sin embargo, para la ciencia, merece más que una mirada, sobre todo cuando se trata de salud. Se ha demostrado, por ejemplo, que la inducción mediante compuestos psicodélicos como psilocibina (presente en los “hongos mágicos”), de “experiencias místicas completas” (científicamente estudiadas), puede resolver problemas prevalentes de salud mental, como ansiedad y depresión. Así, una vez más, se pone en evidencia que ciencia, religión y filosofía (fenómenos de conciencia de origen histórico común) se pueden encontrar en el presente, creando relaciones y diálogos fructíferos, y que es tal vez necesario recurrir a esta clase de unidad de conciencia para encontrarle soluciones a la crisis planetaria.

Hace décadas, Milton Flores, fue pionero en el uso terapéutico de cannabis sativa en el alivio de adicciones, observadas en el nivel primario de salud, como a la pasta base y a las benzodiacepinas. Luego, a través del Instituto Triagrama, fundado en 1995, ha venido insistiendo en que la dimensión espiritual es clave para enfocar el cuidado de la salud, y que además se trata de un derecho consagrado por la Constitución chilena, que sin embargo no se garantiza en la práctica. 

En una época de corrupción y neoliberalismo global, ante una profunda crisis de las instituciones tradicionales, en un contexto de consumismo y devastación territorial, desde sus instalaciones en los cerros de Águila Sur, el psiquiatra Milton Flores escoge el ayuno para pedir del Estado justicia; se le ha condenado por posesión de plantas de cannabis, las mismas que usa en ejercicio de su libertad de culto, y prácticas de salud y auto-cuidado. Otros fallos en torno a plantas de cannabis han reconocido ya la legitimidad de estos derechos. Milton Flores pide que este sea el enfoque adoptado también para su caso.

Para pensadores como Z. Bauman, en el consumismo – y su reverso, el colapso ecológico –, el ser y las cosas devienen en una alta liquidez (insustancialidad, velocidad); liquidez del ser gobernada por una privatización individualista de los antiguos valores. Resulta evidente que la civilización está en crisis, y ante la misma, los esfuerzos por emancipar la conciencia del miedo y el condicionamiento, pueden ser reconocidos como actos políticos. Una conciencia emancipada puede observar los mecanismos y reacciones que sustentan el actual estado de cosas, y tomando conciencia de ellos, desactivarlos. Girar hacia una forma de vida centrada en el cuidado de la vida misma, exige sacrificios personales, materializados hoy en el ayuno de Milton Flores."
4 de junio de 2019

Dr. Pedro Musalem 


















Definición de Ser Humano y Justicia Penal


Algunas reflexiones a propósito del Seminario “Balances y desafíos del sistema de Justicia Penal”, donde con la presencia y participación de altas autoridades, principalmente se analizó el papel del Ministerio Público en el contexto de la reforma procesal penal.

Para avanzar en justicia penal en general, así como para afinar el desempeño del Ministerio Público, es necesario al principio la pregunta por el Ser Humano, por la esencia del ciudadano conforme está consagrada en el ordenamiento jurídico vigente. Esta pregunta nos resitúa como individuos Libres y al mismo tiempo Responsables, dotados y necesitados de atender a una dimensión más profunda de la existencia que la meramente material, frente a un Estado que está a nuestro servicio, no hay que olvidarlo, por el contrario, la conciencia de nuestras facultades ha de impulsarnos al cumplimiento celoso de nuestras responsabilidades, abrazando satisfacciones vinculadas a un Bien Común práctico, realizable, en todos los niveles.

Problemas como la corrupción o la degradación institucional, así como las dificultades para decidir una carrera funcionaria de los fiscales del Ministerio Público, o de cualquier otra institución, no están anclados en la nada, emanan justamente de este desconocimiento, de este minimizar la dimensión espiritual de la existencia. Lo mismo que el delito y la adicción. Falta de una habilitación esencial, que la Educación no entrega ni la Salud considera, en grado suficiente al menos por ahora.
Neutralizar las condiciones en que esta ignorancia se perpetúa ha de ser tarea central de nuestra sociedad, ineludible si aspiramos más que a resolver algunos problemas o el problema en algunos aspectos, a construir una manera diferente de convivir, fundada en una sintonía más fina con lo que ya está consagrado y es ley en Chile. ¿Por que tendríamos que conformarnos con menos que una respuesta inteligente y respetuosa del Ser Humano y el Derecho por parte de las autoridades?
La vigencia de los Derechos Humanos es plena en este territorio, su desconocimiento es grave y puede reclamarse protección para el ejercicio de la propia Soberanía, para ejercer el Libre Albedrío, en ausencia de lesividad, en ausencia de ilicitud.

El Ministerio Público, sin embargo, se encuentra en estos momentos refractario a incorporar en su enfoque institucional la obligación constitucionales que emanan de los artículos 1° y 5° de la CPR, que es respetar y promover los Derechos Esenciales, digo esto porque en varias ocasiones como ciudadanía hemos consultado al nivel nacional por el respeto a esta Soberanía Personal, en el ejercicio de sus facultades persecutorias referidas a la ley 20.000, y en todas ellas el persecutor ha hecho oídos sordos sin siquiera profundizar en lo que se le está con seriedad y responsabilidad ciudadana y profesional planteando, emitiendo para-respuestas y argumentaciones muchas veces sin sentido, que dan cuenta de un grave desconocimiento de su función primera y principal, así como una débil comprensión del principio de objetividad.

El persecutor no se ha mostrado dispuesto a rectificar su proceder incorporando antecedentes nuevos y relevantes, aún cuando ellos ya han calado en la propia unidad especializada a nivel nacional, cuyo director, Luis Toledo, señaló en Octubre de 2016, ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que la institución estaba de acuerdo con la interpretación que la Corte Suprema le había dado a la norma del artículo 8° de la Ley 20.000, que implica reconocer en ella un espacio legítimo y protegido para el ejercicio de la soberanía personal sin lesividad, y que se encontraban en un proceso de coordinación con las policías, e incluso adecuación de la normativa interna.

Desafortunadamente, con posterioridad a estas declaraciones no ha habido respuesta a la consulta por el grado de avance de estas medidas, formulada por la misma Comisión de Salud de la Cámara de Diputados al Fiscal Nacional en 2018, y hasta el día de hoy vemos que una parte de la fuerza de persecución se sigue descargando sobre personas inocentes, afectando esta arbitrariedad a todos quienes con justa razón se consideran amenazados y en peligro de ser objeto de allanamientos y detenciones basadas en el desconocimiento de las condiciones de legalidad de la conducta, justamente por no haberse actualizado las instituciones.


Resulta muy perturbador este comportamiento del Ministerio Público, y peligroso.
Como ciudadanos nos toca persistir en los esfuerzos por ajustar el quehacer y el poder del Estado al servicio de un Ser Humano con Espíritu y Soberanía, partiendo por exigir y no consentir ser tratados por fuera de esta condición.
Junio, 2019.

Paulina González
Equipo Triagrama


Declaración Pública Legisladores Por Respeto Soberanía Esencial

El 19 de junio se hizo esta declaración pública en el Congreso en Valparaíso. Es la manifestación de coincidencia de 28 legisladores, senadores y diputados, en algo fundamental de forma transversal, expresado en un compromiso "realizar los máximos esfuerzos legislativos para ajustar las leyes y procedimientos a fin de ampliar el respeto y el espacio de libertad y soberanía individual que se consagra en el artículo 5° de la Constitución Política de Chile" ...





...Desde esta mirada es que refieren y respaldan la acción que se está llevando a ante la Corte Suprema, para solicitar que se revise la condena del Dr. Milton Flores y se le declare inocente conforme los nuevos antecedentes que se presentan, consistentes en la interpretación correcta que la misma Corte le ha dado a la norma aplicada al caso, art. 8° de la ley 20.000, la cuál se ha constituido en jurisprudencia consistente de esta Corte Suprema desde junio de 2015, cuando se dictó unánimemente sentencia de nulidad de la condena de Paulina González, psicóloga de Triagrama Instituto, cuyo fundador y responsable es precisamente el Dr. Flores, desarrollando para ello la Sala Penal el razonamiento que constituye la correcta aplicación de la referida norma en general y aplicada al caso en concreto, conforme los hechos acreditados durante el juicio oral, de forma que la sentencia absolutoria de reemplazo es clara en señalar que la conducta en cuestión, el cultivo de cannabis, es parte de las actividades que mancomunadamente realiza el equipo de profesionales de Triagrama Instituto, en el contexto de su trabajo de investigación/acción en torno al problema de la Adicción, como herramienta de expansión de la consciencia empleada de forma ritual doméstica, lo que debe entenderse necesariamente, dadas sus características, como la excepción a la que la propia norma hace referencia, cuando en resguardo de un espacio indiscutido de Soberanía y Libertad personal, se establece la impunidad del cultivo cuando está destina a fin "personal exclusivo" y "próximo en el tiempo", puesto que no realiza esta conducta el daño o peligro que se pretende evitar.
Con muchos de estos legisladores llevamos años de interacción, afinando la sintonía...

Jaque Mate por la Libertad.


El 17 de octubre de 2013, el Instituto de Salud Pública, daba autorización a la Clínica Las Condes para importar el medicamento Sativex, a base de Cannabis, prescrito a un paciente que presentaba una epilepsia refractaria, secundaria a una crisis presentada durante el tratamiento de una fibrosis quística en ese recinto de salud. 


Cual acto psicomágico se abría en Chile la incorporación de facto, de la Cannabis al arsenal terapéutico nacional, el reconocimiento de su valor medicinal, hito alcanzado tras las gestiones articuladas por el Dr. Milton Flores y equipo; realizadas a partir de la solicitud del entonces Senador Carlos Cantero, para orientar al padre del paciente, quien hacía todos sus esfuerzos por recuperar la salud de su hijo, que poco antes hacía una vida casi normal. 

En ese momento la participación de una amplia red de profesionales y autoridades estaba activa frente a esta materia. El Dr. Flores ya había sido condenado en julio de ese mismo año por cultivo de cannabis, tras largo ejercicio judicial puesto al servicio de evolución de la salud pública y el modelo cultural,  que se encontraba realizando junto a al equipo Triagrama y daba frutos en la opinión pública, ganando la confianza transversal de muchos.

El Dr. Sergio Sánchez, quien asesoraba al Dr. Enrique Paris, presidente del Colegio Médico en ese entonces, dispuso su mirada y esfuerzos para encontrar la solución. Se firmaron respaldos, se contactó a las más altas autoridades, y se sacó adelante esta resolución autorizando la importación del medicamento, que desafortunadamente no alcanzó a concretarse para este paciente, quien falleció en el transcurso de la tramitación administrativa. Hubo otros pacientes que lograron gozar de esta apertura.

Se había cristalizado un gran paso en la búsqueda del salto evolutivo, se logró trascender el prejuicio que consideraba a la Cannabis, en esos años, como la droga mala, sin potencial curativo.
Pero este salto aún se hacía insuficiente, se caía en la tentación de desviar la atención a la planta más de la cuenta, ahora se abría el ¡bum! para visibilizar su uso medicinal, dejando de lado lo más importante, el ser humano que la utiliza. 

Efectivamente, a esta planta se le puede dar un uso conducente, o uno inconducente. Personas que desarrollan patrones de funcionamiento adictivo, pueden experimentar dependencia a su consumo.
Justamente, a propósito de la necesidad de prevenir las adicciones, por la vía de la habilitación en el desarrollo de competencias esenciales, para no desarrollar relaciones de dependencia ni a sustancia ni a otros objetos de adicción, es que este equipo Triagrama, conducido por este médico psiquiatra, el Dr. Milton Flores, venía trabajando.

A la base de las adicciones, existe un vacío espiritual profundo, alentado por una cultura que erradamente exacerba el valor de la posesión y el consumo como camino a la felicidad. Promover experiencias para que las personas experimenten el contacto con la dimensión espiritual, saciando ese vacío esencial, resulta ser necesario para recuperar el sentido y el protagonismo en la vida, libre de adicciones.

El Estado de Chile, está comprometido con ofrecer las condiciones para promover el desarrollo espiritual, no solo el material, de los integrantes de la comunidad nacional. Cuando las tasas de adicción aumentan, es muestra de que estamos fallando en ello. 

Nuestros jóvenes están insatisfechos esencialmente, los caminos que les ofrecemos para ser felices no cumplen con el objetivo. Mismo sucede con las personas adultas, quienes además, a cargo de los niños, tampoco les acogen en su esencia.  

Este es problema, la definición de ser humano con la que trabaja el Estado de Chile no incluye su dimensión espiritual de modo efectivo, para ello se requiere urgentemente de un cambio cultural, necesitamos avanzar. 

Entonces, experimentando esta urgencia, el 2014, el Dr. Flores, ya condenado por cultivo de Cannabis para uso personal exclusivo del equipo Triagrama, inició un ayuno que se extendió por 85 días, hasta que nuevamente se instalase el eje en el Ser Humano.

22 Congresistas, Senadores y Diputados de todos los sectores políticos (Senadora Allende, Diputadas Rubilar y Cariola, Senadores Horvath, Quintana, Guillier, Girardi, Diputados Mirósevic, Jackson, Boric, Robles, por nombrar algunos), suscribieron una carta dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando celeridad en la demanda al Estado Chileno presentada por la defensa del doctor, por tratarse de un tema país, de respeto a la libertad del ser humano. Se presentaron además tres proyectos de ley, dos en la Cámara y uno en el Senado, todos corrigiendo la vulneración a la soberanía esencial que se  veía producía la aplicación de la ley 20.000 frente al auto-cultivo de Cannabis.

Recuperábamos el foco. El Ser Humano  Soberano Espiritual.

Si el Estado se hace cargo de respetar efectivamente el espacio de soberanía y libertad esencial humana, no puede interferirlo a menos que se esté produciendo un daño a terceros. Está obligado por tanto -entre tantas otras manifestaciones propias de la libertad de consciencia personal y de la cosmovisión espiritual ancestral- a respetar a las personas que deciden cultivar Cannabis para su propio uso, sin fines de tráfico.

Está obligado por tanto también, a dejar de expiar culpas a través del prohibicionismo inconducente y enfocarse en desplegar, en todo ámbito, las condiciones para el desarrollo de competencias espirituales humanas, para que seamos capaces de administrar la libertad de modo sano, y por esta vía, disminuir el riesgo a la adicción, sin responsabilizar al empedrado.

En efecto, Francisca Florenzano, en sus últimos meses a cargo del SENDA en el primer gobierno del presidente Piñera así lo entendió. En ese tiempo, en el marco de esta intervención evolutiva, en una reunión junto a Triagrama y sus invitados, señaló que había llegado a la convicción de que no servía de nada agregar cada vez más sustancias a la lista 1 de drogas prohibidas, que a ese ritmo tendríamos una lista tan larga como la carretera panamericana. Coherentemente dejó listo el decreto para retirar a la Cannabis de la lista de sustancias peligrosas prohibidas, que ni el saliente presidente Piñera ni la entrante presidenta Bachelet se atrevieron a firmar, dando muestras de que aún faltaba energía para dar el salto de paradigma sobreponiéndose a la resistencia obscura que sin duda desencadena tamaña pretensión.

El 2015, Paulina González, psicóloga de Triagrama, fue absuelta por la Corte Suprema por la misma conducta por la que el Dr. Flores fue condenado el 2013. Se produjo el salto, la cristalización del ajuste en la aplicación de la ley de drogas, hacia el efectivo respeto de nuestra libertad en ausencia de lesividad.

Tras largos esfuerzos de toda una red trascendente, fue puesto por fin en jaque el funcionar desalmado del Estado, por fin en jaque el hábito instalado de vulneración de los derechos fundamentales de personas inocentes.

Pero el Dr. Flores sigue condenado, y el Ministerio Público sigue siendo refractario a ajustar su proceder y persiste en la vulneración de muchos, convirtiendo a Chile en un Estado totalitario que no permite el ejercicio de la libertad.

Hoy, 07 de junio de 2019, el Dr. Flores ya cumple 15 días de un nuevo ayuno, iniciado durante la espera de los alegatos en la Corte Suprema del Recurso de Revisión presentado y acogido, para hacer justicia y restituir su honra y la de tantos más.

Estamos frente a la oportunidad de hacer jaque mate a la incorrecta aplicación de la ley 20.000. Un nuevo hito judicial, en un largo y contundente  proceso para el ajuste de la relación Estado Ciudadanía, hacia el pleno respeto de nuestra condición esencial humana y el espacio de libertad y soberanía consagrado en derecho. 

Se recupera y orienta así el rumbo de las Instituciones del Estado, hoy en decadencia.

Está en manos de la Sala Penal de la Corte Suprema -quienes también son protagonistas este salto evolutivo, en estas y otras materias propias de nuestra condición esencial humana- continuar afirmando la aplicación de Justicia desprendida desde su más alto valor y sentido esencial fundamental, sin renegar, para precipitar la trasformación de la civilización.

Así de trascendente esta nueva oportunidad, aunque parezca delirio.

A quienes ven y comprenden, invitarles, exigirles con amor, a asumir el rol que también les cabe.

Muchas gracias.



Quiero que brote la transformación y aflore la consciencia


Vivir y crecer junto a mi papá, Milton Flores, como uno de mis guías ha sido un camino de aprendizaje profundo y también de mucha exigencia. Lo que él como padre ha buscado como prioridad desarrollar de mí no ha sido lo mismo que la mayoría de los padres motivan a desarrollar de sus hijos, como la muestra de éxito académico o la bondad y la obediencia que actualmente esta sociedad promueve, sino, la permanencia de conexión con mi yo más profundo y el cultivo consciente de mi relación espíritu-materia.
Desde pequeñita que me enseñó a tener conciencia de mi sentir, recuerdo una de las meditaciones que hacíamos, en que me pidió que cerrara los ojos y sintiera la planta de mis pies pasando el peso de un pie al otro, movimiento sutil que me provocó sensaciones de las que noté nunca antes haberme percatado, en ese momento me sentí presente, en mí y en el espacio, me percibí a mí ahí en mi cuerpo, sintiendo, teniendo certeza de quién soy. De ahí en adelante las experiencias y el trabajo de conexión conmigo misma y la vida siguieron apareciendo y siendo atendidas como una de las prioridades en mí vivir.
Agradezco profundamente la oportunidad que él, junto a mi mamá, me han regalado, de experimentar la vida desde una posición verdadera, desde la mayor consciencia posible, y haciendo el trabajo constante de mantenerme despierta y velar por mi libertad tanto material como espiritual.
Comprendo que esa búsqueda de consciencia, a través de la transformación, ese baño de lucidez que él se ha encargado de entregarme a mí como su hija, es ahora con el que el busca que se pueda bañar esta sociedad, partiendo porque quienes tienen la disposición y la inquietud, puedan acceder a conectarse, a vivir una vida más plena y cierta, desde los medios y con las herramientas que les sean necesarios, haciéndose ellos libres a sí mismos.
A lo largo de la historia, así como en la actualidad, varias personas han llevado o llevan la tarea de promover esta reconexión, desde los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve la humanidad. A él le ha tocado, desde hace unos años hacer ese trabajo de transformación desde la Justicia, descubriendo así, que la ley, que parecía impenetrable respecto a temáticas de este tipo ha resultado tener descrita como prioridad la realización espiritual y material de los individuos (específicamente en su Artículo 1° inciso 4°: “El Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”) y establecido como limitación a la actividad judicial el respeto a ésta (en su Artículo 5° inciso 2°: “El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.”).
Por el cultivo y consumo de marihuana que es y ha sido siempre una herramienta que él utiliza como oportunidad de conectarse con la vida y cultivar la esencia espiritual propia y colectiva, se le ha sentenciado y calificado como delito, vulnerando así el derecho que la ley establece debería serle garantizado. A través del trabajo que él, y las demás personas que lo han acompañado, han llevado, se han ido abriendo varios espacios en que se ha logrado comprender el trasfondo de lo planteado, dar paso a transformaciones, y reconociéndose también en varias ocasiones la inocencia de mi papá, a pesar de tener la incompetencia y la resistencia como obstáculos constantes.
Sin embargo, hoy mi papá sigue condenado, y se abre la posibilidad, a través de la revisión de su condena, de que sea finalmente absuelto por la Corte Suprema. Una importante y nueva oportunidad de que aflore mayor lucidez por parte de la Justicia respecto al reconocimiento del humano espiritual y libre.
A mí, como su hija me incumbe y urge sea anulada su condena, por el daño y la humillación a la que mi papá es sometido, pero también como persona que forma parte de esta sociedad enferma de ignorancia y enajenamiento del ser, y que pide y exige se abran las puertas a una comprensión que permita establecer una relación más profunda y real con la vida y con nosotros mismos.
Como método de movilizar la energía aquí y en el plano espiritual, para que esta necesidad, ya no solo personal, sino también colectiva sea atendida, él decide comenzar un ayuno, poniendo así, inevitablemente en Eriesgo su salud. A pesar de las duras implicancias que ello tiene para mí yo lo apoyo y acompaño porque lo amo, y también porque anhelo transformación del mundo, porque la creo urgente e imprescindible, porque nos quiero libres sin ser violentados por ello.
Su absolución me traerá serenidad como hija y como ciudadana que decide también hacerse libre y ejercer en su vida entera su derecho a desarrollarse espiritualmente con las herramientas que estime pertinentes y que considere como apoyos en ese desarrollo.

Luana Flores.
Estudiante 4to medio Liceo Manuel de Salas. Santiago.



Ministerio Público interfiere la evolución de la administración de Justicia


Peligrosamente refractarios a la correcta interpretación de la Ley 20.000, insisten en perseguir inocentes y conductas sin lesividad.



Somos un equipo de profesionales, Triagrama Instituto, que ha sido interferido por el Estado, obligados a defendernos de una injerencia indebida que tanto ha alterado nuestras vidas por completo desde 2011, como nos ha permitido transmitir una perspectiva indispensable, a nuestro juicio, para revertir las condiciones que hacen posible fenómenos como la adicción o la corrupción.

Siendo parte de este equipo la Excma. Corte Suprema en 2015, me absolvió del delito de cultivo ilegal de cannabis sativa, pues quedó acreditado quienes somos y a que nos dedicamos, nada más alejado del objeto de persecución de la Ley 20.000, con una larga trayectoria de servicio e investigación en Salud y Educación, circunstancia que permitió a la Corte calificar nuestra conducta dentro de los márgenes del ordenamiento jurídico y las diferentes exigencias legales vigentes, conforme la interpretación armónica de ellas y que la propia Corte explica en su fallo, en el que pedagógicamente descarta los errores cometidos por el Tribunal Oral en su razonamiento.
Dos años antes sin embargo, en ausencia de esta aplicación e interpretación correcta de la norma, el director y mentor de este equipo -y de su defensa- el médico psiquiatra Milton Flores Gatica, fue también condenado en primera instancia, por el mismo delito de cultivo ilegal pues, al igual que en mi caso, el Tribunal Oral de San Bernardo aplicó el Derecho de forma errada al desconocer la naturaleza y las facultades de un Ciudadano en relación con la potestad punitiva del Estado, ignorando las circunstancias y motivaciones particulares de quien en concreto estaban juzgando, faltando a la indispensable regla de examinar la lesividad de la conducta en concreto, descartando, igual que en mi caso, que se tratase de un cultivo destinado a un fin personal, por ser este colectivo, razonamiento que la Corte desechó de plano.
Si bien siempre nos hemos considerado inocentes, no fue hasta la dictación de esta sentencia absolutoria, que pudimos contar con un respaldo jurídico coherente y consistente, puesto que en ella, de forma unánime, la Sala Penal de la Corte Suprema ha explicitado y explicado lo que técnicamente es la interpretación y aplicación correcta del Derecho y la Ley 20.000, en relación a las personas que hacen uso personal del cannabis, y es por esto que con posterioridad a ella hemos presentado a este máximo Tribunal un Recurso de Revisión, acción prevista para revertir la condena de un inocente en los casos expresamente señalados por la ley, que incluyen la ocurrencia de hechos posteriores de los cuales se desprenda inequívocamente la inocencia del condenado. Tal recurso ha sido admitido a tramitación y esperamos fecha para alegatos, para que luego la Sala Penal de la Corte Suprema emita su fallo.
Infelizmente el Ministerio Público al hacerse parte de este proceso, está insistiendo en la misma comprensión errada que lo llevó a formular su acusación, sin rectificación, y lo que es más desafortunado y lamentable, es que lo hace insidiosamente distorsionando los hechos, relevando aspectos descontextualizadamente, con el evidente propósito de impresionar negativamente, burda manipulación, como cuando destaca insidiosamente el hecho de haberse contabilizado “120 plantas” en el caso de Milton Flores, las que en rigor eran 116 brotes o plántulas de menos de 5 cm en un almácigo de un metro cuadrado, y 4 plantas crecidas a 50-65 cm, que en total pesaron 440 gramos, las que a su juicio no podrían compararse con las 7 incautadas en el mío, pues supuestamente revestirían un mayor impacto al bien jurídico tutelado, lo que resulta inverosímil siendo que estas estaban crecidas y de hecho pesaron más de 5k, y es jurídicamente incorrecto si se considera la naturaleza del cultivo y el destino que éste tenía en ambos casos, el uso ritual doméstico por parte de los miembros de Triagrama, algo que fue acreditado en ambos juicios y nunca fue controvertido, pues de hecho se trata de la misma práctica, realizado por las mismas personas y para los mismos propósitos, algo que no puede desconocerse, a no ser de mala fe. En el mismo sentido, la respuesta que ofrecen, también revela una distorsión de lo que el propio recurso explica, relativizando la consistencia y coherencia de la jurisprudencia, señalando para ello tres sentencias donde no se concedió la nulidad solicitada, pero que sin embargo, una lectura detenida de ellas confirma y complementa la interpretación que la Corte ha hecho.
Es necesario decir, que es costumbre habitual del Ministerio Público esta clase de maniobras engañosas, interesándose poco y nada en la realidad de quienes cultivan y usan cannabis -y otras plantas psicoactivantes- un mundo de personas y costumbres perfectamente legítimas que son vulneradas y discriminadas, obligadas a humillarse ante la aplicación errada de una norma que toma forma desde el prejuicio y la ignorancia y que no está disponible para ser mejorada en atención a la realidad fáctica y jurídica. Todo esto solo nos hace pensar en una falta de inteligencia y sordera jurídica por parte de la autoridad.
Pero hay más de parte del Ministerio Público, pues en este caso el Fiscal Nacional ha desconocido todo de nosotros, de Triagrama, del hecho que ya estuvimos en varias reuniones, formales, entre profesionales, con la Directora Administrativa, Francisca Werth, antes Jefa de Estudios en la Defensoría Penal Pública, donde conoció y defendió nuestro caso, que nos presentó al Director de la Unidad especializada en la persecución del Tráfico Ilícito, Luis Toledo, y con la abogada de la unidad Lorena Rebolledo, quienes le manifestaron a Milton Flores que lo consideraban inocente, que su condena correspondía a un momento anterior en la comprensión del Ministerio Público respecto al delito en cuestión, la que se habría modificado a partir de los fallos de la Corte Suprema, así fue declarado ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en Octubre de 2016 con motivo de modificación de la Ley 20.000, donde incluso anunciaron adecuaciones, capacitación y ajustes en la normativa interna.
Todo esto ha sido ignorado, y como si de una esquizofrenia institucional se tratase, se descarta la convicción jurídica de sus profesionales y en su lugar se emiten respuestas que solo reiteran la interpretación errada que la Corte ya desechó, oponiéndose a que sea revisada la condena y se le declare inocente, porque para el Fiscal Nacional, en representación del Ministerio Público y no obstante las voces disidentes que queremos escuchar, no habría mérito en plantear que exista un avance jurisprudencial, una interpretación correcta de la Ley que da mejor cuenta de la realidad fáctica y jurídica en estos asuntos, pese a haberlo reconocido así en 2016, ni en plantear que su caso y el mío son el mismo caso, las mismas personas, las mismas circunstancias, las mismas motivaciones, la misma defensa, y al parecer para él el número de plantas cultivadas, con independencia de cualquier otra circunstancia, sería un indicio absoluto y objetivo de que la conducta no está destinada a un fin personal y pondría en peligro la Salud Pública, a sabiendas que ningún otro fin tenía más que nuestro propio uso personal, de hecho nunca fuimos siquiera investigados por tráfico ni se hizo en nuestra contra otra acusación.
Paulina González - Psicóloga - Equipo Triagrama

AMPARO DE LA LIBERTAD ESENCIAL



Los ciudadanos y ciudadanas que pidieron Amparo a la Corte de Apelaciones de Concepción, son personas que se reconocen con una identidad esencial y se saben como tales reconocidos por el Derecho, que se encuentran en ejercicio de sus facultades soberanas, explorando las oportunidades para una vida íntegra, incorporando con este gran objetivo un antiguo conocimiento de la humanidad, el empleo de plantas medicinales (de conocimiento y de poder), específicamente la planta de cannabis, de forma personal, sin causar daños a terceros, ni lesionar con ello algún Bien Jurídico protegido, practicando la convivencia y la solidaridad mas no el comercio con ella. Tal conducta se encuentra perfectamente ajustada a Derecho, conforme la correcta aplicación de la Ley 20.000, emanada de la Sala Penal de la Corte Suprema (*), con la cuál se ha manifestado concorde y comprometido el Ministerio Público.

No obstante lo anterior, experimentan la perturbación que implica el hecho que las Policías y Fiscales del Ministerio Público a nivel local, actúen en base a unos lineamientos institucionales no actualizados, y sin las competencias para una adecuada aplicación del Derecho y de la Ley, ya que, como puede corroborarse con base a los informes emitidos por ellos al tenor del recurso (PDICarabinerosMinisterio Público), no consideran integrado a sus obligaciones los compromisos de los artículos 1° y 5° de la CPR, y a nivel local los Fiscales del Ministerio Público cuentan como referencia para la aplicación de la Ley 20.000, un instructivo del año 2009, además del hecho que ninguno de ellos se pronuncia en relación al asunto de fondo que se plantea en el recurso, ni manifiesta el ánimo de comprender la demanda en profundidad y de buena fe, visualizando en primer lugar que proviene de un grupo de personas que, como los propios informes señalan, no se encuentran en modo alguno siendo investigadas por alguna de las instituciones recurridas, es decir que se trata de personas inocentes, ciudadanos en pleno ejercicio de su facultad cívica de solicitar la intervención urgente y eficaz, de parte de la instancia que la propia Constitución señala, para que resuelva un problema que esta afectando su Libertad y su Seguridad, puesto que eventualmente pueden ser detenidas, allanadas, procesadas y dañadas en el amplio sentido de la palabra aún cuando posteriormente puedan ser declaradas inocentes (el daño ya está hecho), pero que en todo caso desde ya se encuentran perturbadas por esta posibilidad, alteradas en el legitimo goce de la dimensión de la Seguridad y de la Libertad que implica un funcionamiento coherente y no esquizofrénico (disociado) de sus instituciones, que no solo afecta a los amparados y otras personas en las mismas circunstancias, sino que afecta también la dinámica de la cultura en su faz de Comunidad, al propiciar la discriminación y la estigmatización.

El problema, en donde se configura la perturbación y la amenaza, es que justamente los recurridos no ven el problema que existe, no contemplan sus consecuencias, no están en grado suficiente interesados en el Ser Humano que los convoca a resolver un grave asunto que ellos no ven, y están esperando y necesitando una instrucción institucional (lo anunciado que aún no se materializa).

Lo que se pide, amén de todas las medidas que la Corte estime necesarias para garantizar la Libertad y la Seguridad de los amparados, específicamente:

    • Que con los amparados no se proceda bajo la figura de delito flagrante en las circunstancias de porte, guarda o cultivo, vale decir que se les reconozca, en el evento de ser consultados o visitados por la policía su condición de ciudadanos en ejercicio de su soberanía personal cultivando, portando o guardando para un uso Personal y no comercial. Lo que en ningún caso implica la pretensión de inhibir al Ministerio Público o a las Policías en sus funciones, por el contrario, es la exigencia que les hacemos a ellos de ser finos en distinguir el delito, de las conductas legítimas de un Ciudadano en ejercicio de su Soberanía Personal, algo que para ellos hoy día no existe. No puede consentirse que en el ejercicio de sus facultades para perseguir el delito se permitan no hacer esta distinción y llevarse detenidos a personas inocentes, echando a andar todo sistema procesal penal ($), para que en un juicio oral o incluso en la Corte Suprema, se declare inocente a quien fue llevado a juicio por plantas que destinaba a su propio uso sin que se intentara si quiera probar el tráfico.
    • Que el Ministerio Público complete de manera eficaz el proceso de adecuación y de capacitación anunciado por el Director de Drogas, con el objetivo por el declarado, de ajustarse a una nueva comprensión de la Ley 20.000 (a propósito de artículo 8°) contenida en la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema. Y lo mismo en relación a las Policías. Esto constituiría el sustento técnico del proceder solicitado.

AMPARO DE LA LIBERTAD ESENCIAL - CANNABIS



Compartimos con Ustedes el recurso de Amparo presentado en la 
Corte de Apelaciones de Concepción (ver documento ingresado pdf aquí)


Conforme lo permite el artículo 21 inciso 3°, en relación al artículo 19 N°7 de la Constitución Política de la República, interponemos recurso de amparo de nuestra libertad personal y seguridad individual, en contra de la Fiscalía Regional del Ministerio Público de Chile de la Región del Bío-Bío, representado por el Sr. Fiscal Regional don Julio Contardo Escobar, Abogado, ambos con domicilio en Avenida Padre Hurtado 434, Concepción; Carabineros de Chile, VIII Zona de Carabineros Bío-Bío, representado por el Sr. General de Carabineros de Chile don Hermes Soto Isla, ambos con domicilio en calle Castellón N° 379, Concepción y, Policía de Investigaciones de Chile, VIII Región Policial del Bío-Bío, representada por su Jefe Regional Sr. Prefecto Inspector don Christian Alfaro Zúñiga, ambos con domicilio en calle Angol 815, Concepción, por la perturbación o en subsidio, amenaza a nuestro derecho a la libertad personal y seguridad individual según se dijo y pasa a exponer y con el objeto de que se adopten por S.Sa. Iltma. las medidas que estime conducentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar nuestra debida protección.

Los hechos.

1.-) Los comparecientes nos reconocemos con una Identidad Fundamental Espiritual que goza de Soberanía Esencial y nos habilita para el ejercicio de nuestros Derechos Esenciales, sin la interferencia del Estado, tal como ha sido garantizado por la Constitución y los Tratados Internacionales.
En este contexto, y en ejercicio de la facultad de procurarnos las condiciones para una máxima realización espiritual y material, hemos incorporado en nuestros proyectos de vida el uso, cultivo, tenencia y/o consumo personal de Cannabis, sin causar daño a terceros o a la salud pública, ni estar en modo alguno orientados al tráfico ilícito.

2.-) No obstante lo anterior, en el estado actual de las cosas, estamos sufriendo perturbación, o en subsidio, amenaza, en el legítimo ejercicio de nuestra libertad personal y aún, seguridad individual, atendido el proceder de las Policías y Ministerio Público cuando actúan sin el debido respeto a nuestra condición esencial humana y sus facultades, ya que se criminaliza a quienes se encuentran en alguna situación vinculada al uso, cultivo, tenencia y/o consumo personal de cannabis, tratándose a las personas de forma arbitraria e ilegal y, evidentemente inconstitucional, al llevar adelante allanamientos, ingresos domiciliarios, intrusiones e incautaciones de Cannabis, al percatarse de la existencia de esta especie vegetal, sea por observación directa, sea por aviso de terceros anónimos, sea por el simple señalamiento de que se la porta, estimando con ello que existe flagrancia, no obstante que hay suficiente evidencia Jurisprudencial referida a la correcta aplicación del Derecho y la Ley 20.000, emanada de la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a la cual, el uso y cultivo personal, individual o colectivo, de cannabis es perfectamente legal en Chile de acuerdo a la legislación vigente cuando se desarrolla en la dimensión personal sin lesividad.
Por tanto, este proceder nos perturba o en subsidio amenaza en los términos descritos, ya que en resumidas cuentas se nos trata como si fuéramos traficantes, vulnerándose nuestra presunción de inocencia y por cierto, soberanía y libertad personal al eventualmente poder desencadenarse en nuestra contra todo el sistema punitivo de persecución penal, no obstante que no se encuentre afectado ningún bien jurídico protegido por el Derecho Penal.

El Derecho.

3.-) Este proceder constituye una perturbación y amenaza al Derecho a la Libertad Personal y la Seguridad Individual, al implicar que, en cuanto ciudadanos y ciudadanas cultivadores y usuarios personales de cannabis corremos el riesgo de ser perturbados o en subsidio, amenazados en nuestros domicilios o en la vía pública, despojados de nuestras plantas, detenidos, sometidos a prisión preventiva y otras medidas cautelares, además de vernos involucrados en procesos penales.

4.-) Conforme lo indica el artículo 1° inciso 4° de la Constitución Política de la República, el Estado está al Servicio de la persona humana y, en el marco de ello se contiene un deber finalizado cual es el de contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad nacional, su mayor realización espiritual y material posible, poniendo el acento en que espíritu y materia se unen indisolublemente en la persona humana, en cuanto ésta nace libre, igual a todos los demás, en dignidad y derechos, considerando que la máxima expresión de lo humano, brota al incluir la identidad fundamental que habita en los espacios espirituales consagrados jurídicamente.

5.-) Entonces, el elemento central que palpita en todo ello es el de la identidad fundamental del Ser humano manifestando Dignidad cuando despliega las libertades sublimes en los territorios de Soberanía Esencial.
La Excma. Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 15 de Junio de 1993, causa rol 21.053, expresa que “el respeto a la vida privada, a la dignidad y a la honra de la persona humana y de la familia constituyen valores de tal jerarquía y trascendencia que la sociedad política se organiza precisamente para preservarlos y defenderlos, de modo que no puede admitirse concepción alguna del bien común que permita el sacrificio de ellos, ni convertir tal sacrificio en medio para que prevalezca otra garantía constitucional”.
Tocante al patrimonio espiritual, otra sentencia del Máximo Tribunal, rol 1629-2013, ha señalado que él “comprende un enjambre de riquezas íntimas, subjetivas, que anudadas entre sí en una fórmula exclusiva, conforman el núcleo que identifica a una persona como indeleblemente única”.
Y es que como se ha dicho, “la dignidad de la persona es parte de ella misma, de sus atributos esenciales como la vida y la integridad física y psíquica. Llega a este mundo envuelto en ella y no se separa bajo ninguna circunstancia, pues, no se encuentra en el comercio humano, no es transferible, renunciable, desechable e íntegra. Esto último en cuanto no puede separarse, dividirse o minimizarse. La dignidad de la persona es su vida. El hálito superior y universal que lo integra al paisaje social, geográfico y humano con todo lo que le corresponde, por el solo hecho de existir”. (Dignidad Personal. Manuel Muñoz Astudillo. Mayo del 2007).
“En otras palabras (la persona) trae consigo al llegar a la vida, como ser independiente, su propia dignidad, así como su propia vida, y junto con ella los derechos necesarios para desarrollarse como persona. Vida y Dignidad, vienen a ser el mismo bien jurídico integrado en la triada conceptual Vida, Dignidad, Derechos.” (Op. Cit).

6.-) Es por ello que, en este marco esencial, hemos trabajado en iniciativas ciudadanas destinadas a impulsar la protección del derecho a la libertad individual en los términos ya referidos.
Así, durante el año 2012 se desarrolló en la sede del Honorable Senado de la República, en Santiago, la Iniciativa Ciudadana en el Poder Legislativo: “Conciencia para el Desarrollo Humano en las Políticas Públicas”, que luego de 5 sesiones culminó con la Primera Jornada Cannabis Herramienta Evolutiva, el 10 de Diciembre, en el Salón de Honor del Congreso en Santiago, con el patrocinio y presencia del Colegio Médico de Chile.

7.-) Durante el año 2013 se desarrolló la Campaña Nacional Yo Firmo Cannabis, para ejercer el Derecho de Petición ante 7 autoridades vinculadas a Justicia, a quienes se les solicitó:

“ (...) tengan a bien explicitar una interpretación de la normativa constitucional que se refiere a derechos esenciales, que sea suficiente como para orientar la correcta aplicación de las leyes a fin de asegurar de manera practica la debida cautela y respeto de los Derechos Esenciales, que emanan de nuestra condición propiamente humana como seres espirituales; una interpretación que asegure el derecho de cada persona a explorar y practicar con las herramientas que le resulten conducentes para cultivar tal condición, sin más limitación que las que impone el Bien Común y el orden público, y que específicamente garantice el derecho a cultivar, cosechar, y usar de modo responsable la planta Cannabis Sativa en el amplio espectro de contextos en que este uso se ha venido dando de hecho en nuestro país, sin la interferencia de la autoridad a cargo de perseguir delitos, corrigiendo para ello, en todo lo que fuere pertinente y necesario, la letra y/o la aplicación de la Ley 20.000 por parte de los organismos y autoridades encargados de algún aspecto de su aplicación.” Derecho de Petición Cannabis-2013

8.-) En Marzo de 2014 se informó a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la vulneración, con rasgos de persecución, en contra de cultivadores y usuarios personales de cannabis en general, y en particular a propósito del caso del Dr. Milton Flores.
El mismo año 2014, se promovió, por parte de diversas agrupaciones, organizaciones y personas, la presentación de un proyecto para la modificación de la Ley 20.000 con el propósito de poner fin a esta vulneración colectiva, que hasta entonces considerábamos se originaba en la letra de la ley, lo que posteriormente fue descartado por los fallos absolutorios de la Corte Suprema.

9.-) En Octubre de 2015, luego de la primera sentencia absolutoria de la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Chile, en un caso de cultivo personal colectivo de cannabis, en compañía de su Ministro redactor, el Magistrado Sr. Lamberto Cisternas Rocha, se realizó la Primera Jornada de Integración Ciudadanía-Justicia: “Soberanía Esencial del Ser Humano y Límites del Estado: Trascendencia Paradigmática del Fallo Absolutorio por Cultivo de Cannabis para fines personales”, en la sede del Senado en Santiago.

10.-) Una Segunda Jornada de Integración Ciudadanía – Justicia, “Sin Esencia No Hay Justicia” se realizó en Enero del 2016, en la Corte de Apelaciones de Concepción, también con la participación del Ministro Lamberto Cisternas Rocha.
En Octubre del 2016 se realizó la tercera de estas Jornadas, “Naturaleza Esencial del Ser Humano y Estatus Jurídico vigente. Esencialización de la relación Estado–Ciudadanía y Deberes Esenciales”, en la Sala de Sesiones del Senado en Santiago, contando con la presencia del Excmo. Ministro Sr. Cisternas y del Defensor Nacional, y la participación de la Policía de Investigaciones y la Asociación Nacional de Magistrados, quien patrocinó la Jornada en conjunto con la Universidad de Concepción y la Universidad del Bío-Bío.

11.-) Tocante a los antecedentes jurisprudenciales referidos, cabe añadir que entre junio de 2015 y Marzo de 2016, la Sala Penal de la Excma. Corte Suprema ha emitido 3 fallos absolutorios en casos de cultivadores personales de cannabis que habían sido injustamente condenados por el supuesto delito de cultivo ilegal de cannabis contemplado en el artículo 8° de la Ley 20.000, quienes fueron sometidos a procesos policiales y procesales fundados en un comprensión errada del ordenamiento jurídico y la Ley 20.000, que dio como resultado la condena de una conducta perfectamente legítima, como luego la Corte Suprema esclareció. Sentencias 4949-2015 ; 266-2015 ; 14863-2016
Las referidas sentencias absolutorias comprenden de manera casi idéntica una serie de considerandos que luego son incorporados a las respectivas sentencias de reemplazo, a saber, y referido a la primera de las causas:

Quinto: Respecto del delito de tráfico de drogas hoy parece existir consenso en que el bien jurídico que se busca proteger es la salud pública, el que es de carácter colectivo y carente de individualización pues se refiere a la generalidad, y que ha sido entendido como la salud física y mental de aquel sector de la colectividad que pueda verse afectado por el efecto nocivo de las sustancias prohibidas (Politoff y Matus, “Objeto jurídico y objeto material en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes”, en Tratamiento Penal del Tráfico Ilícito de Estupefacientes,1998, p. 14).
Si bien se ha querido catalogar el tráfico ilícito de drogas como un delito de peligro abstracto -lo que ha sido denegado en fallos anteriores de esta Sala-, en el que la peligrosidad típica de una acción es motivo para su penalización, sin que en el caso concreto se haga depender la punibilidad de la producción real de un peligro pues la evitación de concretos peligros y lesiones es sólo el motivo del legislador y no un requisito del tipo (Roxin, C. Derecho Penal, Parte General, T. I, Trad. 2a ed. alemana, 1997, pp. 336 y 407), no por ello puede dejar de verificarse si el hecho cuya tipicidad se examina tuvo al menos la posibilidad de significar, en la realidad, un riesgo para el objeto jurídico tutelado, puesto que el bien jurídico constituye el primer momento justificativo de la injerencia penal en la libertad de las personas cuya función de garantía limita el poder punitivo del Estado, de modo que el legislador no puede castigar cualesquiera conductas, sino solamente aquellas que lesionan o pongan en peligro bienes jurídicos. (Cobo del Rosal-Vives Antón. Derecho Penal, Parte General, 5ª ed., 1999, pp. 319 y 324). En efecto, una visión liberal del Derecho Penal no puede atribuir a éste otra tarea que la de amparar, a través de la fuerza coactiva del Estado, determinados bienes jurídicos, esto es, intereses individuales o colectivos juzgados indispensables para la convivencia social. Luego, ha de ser el daño social el fundamento y medida de la pena prevista por la ley en un Estado de Derecho, y no consideraciones respecto a la fidelidad o al sentimiento de las personas frente a dicha organización estatal, propias de los regímenes totalitarios del siglo pasado (Politoff, Matus, y Ramírez. Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte General, 2004, p. 65).
El principio de “lesividad” -que localiza la esencia del hecho punible en ese efecto primordial de la conducta típica, de necesaria lesión al bien jurídico- se alza así como uno de los limitativos del ius puniendi del Estado y obliga -también en el ámbito del enjuiciamiento- a establecer la real dañosidad social de la conducta incriminada, sobre todo cuando este factor ha sido específicamente considerado para la tipificación y penalización de determinados hechos ilícitos, como lo hace el artículo 8° en relación al artículo 50 de la Ley N° 20.000. Prescindir de la pregunta acerca de la realidad del peligro significaría que en base a una “praesumptio juris et de jure” de la peligrosidad del comportamiento, se presumiría la base misma sobre la que se construye el injusto, esto es, su antijuridicidad material (Politoff/Matus, cit., p. 18), cuestión que pugna con la prohibición establecida en el artículo 19 N° 3, inciso 7°, de la Constitución Política de la República, de presumir de derecho la responsabilidad penal. Así se ha sostenido que si el principio de lesividad constituye una exigencia derivada del principio de protección de bienes jurídicos, necesariamente habrán de carecer de legitimación conforme al principio enunciado los llamados delitos de peligro abstracto, pues establecen una presunción de derecho de que la actividad descrita significa una puesta en peligro (Bustos y Hormazábal, Nuevo Sistema de Derecho Penal, 2004, p. 90). Es la citada proscripción constitucional la que demanda que para la sanción de un delito de peligro se requiera la posibilidad que de la conducta pudiera seguirse la difusión incontrolable o incontrolada de sustancias que pongan en peligro la salud y libertad de los demás; lo que conduce a descartar la aplicación de los preceptos que reprimen el tráfico ilícito si la acción de que se trata aparece exclusivamente dirigida al concreto consumo de ellos por una persona individualizada. De esa manera, según sean las circunstancias y el contexto de los hechos, podrá decidirse si se trata de un acto aislado vinculado al "uso personal exclusivo y próximo en el tiempo" de un individuo o si ese acto debe incluirse en las hipótesis de incitar, promover o facilitar la difusión de drogas nocivas susceptibles de producir dependencia. Tal peligro está directamente vinculado al trayecto de la droga en el circuito criminal y su acceso a los más vulnerables, en particular a los jóvenes (Politoff/Matus, cit., pp. 16-19).
Entonces, aún cuando el tipo de los delitos de peligro abstracto -en el evento que se lo estimare aplicable al artículo 8° de la Ley N° 20.000- no reclama, a diferencia de lo que sucede en los delitos de peligro concreto, la producción de un peligro efectivo, sí requiere una acción apta para producir un peligro para el bien jurídico como elemento material integrante del tipo del delito. Se trata de exigir, además de la peligrosidad de la acción, la posibilidad de producción del resultado de peligro, o lo que es lo mismo, el juez ha de verificar si en la situación concreta ha sido posible un contacto entre la acción y el bien jurídico, en cuya virtud hubiera podido producirse un peligro efectivo para éste. Conforme a esta variante, que configura ciertos delitos de peligro como delitos de “peligro hipotético”, se puede decir que no se dará la tipicidad del delito de tráfico de drogas en aquellos casos en los que el peligro que caracteriza la acción de este delito quede totalmente excluido porque falta la posibilidad del resultado de peligro (Muñoz-Soto. “El uso terapéutico del cannabis y la creación de establecimientos para su adquisición y consumo”. Revista de Derecho Penal y Criminología, 2a Época, N° 7, 2001, p. 61).

Sexto: Que este examen sobre la posibilidad de producción del resultado de peligro resulta aún más imperioso respecto de aquellas conductas como las tipificadas en el artículo 8° de la Ley N° 20.000, precepto mediante el cual no se castiga el tráfico ilícito de estupefacientes ya sea en su sentido estricto o amplio, sino que se está previniendo el peligro de que, a través de la plantación de especies vegetales del género cannabis, alguien pueda en el futuro poner en peligro la salud pública elaborando con el producto de dicha planta sustancias estupefacientes que puedan facilitarse a terceros para su uso o consumo. Mediante esta técnica legislativa se anticipa la barrera de la protección penal a una etapa muy primaria o germinal del llamado ciclo económico de la producción y tráfico de la droga, esto es, de todos los actos destinados a poner indebidamente a disposición del consumidor final sustancias sicotrópicas o estupefacientes y es tal consideración la que impide afirmar inequívocamente que el mero hecho de sembrar, plantar, cultivar y cosechar especies vegetales del género cannabis sin la autorización debida, supone que de éstas se obtendrá droga y que a ésta se le dará un destino que puede afectar el bien jurídico salud pública. De ahí precisamente que el legislador excluya de la sanción prevista en el citado artículo 8° los casos en que se justifique que la droga se destinará al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo del autor.

Séptimo: Que lo último señalado obedece a que el principio de ofensividad que limita la potestad punitiva del Estado, excluyéndola, sobre aquellos supuestos en los que es la propia persona la que voluntariamente realiza comportamientos que representan un riesgo para su propia vida o salud, se vería quebrantado al entrometerse (punitivamente) el Estado en la esfera personal de quien voluntariamente ha decidido consumir determinadas sustancias (Escobar-Larrauri, “Legislación y Política Criminal en España en materia de drogas desde el nuevo Código Penal de 1995”, en Gran Criminalidad Organizada y Tráfico de Estupefacientes, 2000, p. 99). En ese entendido, dado que el daño social que el legislador tenía en vista al crear los tipos legales de tráfico ilícito de estupefacientes no consiste en la autolesión, expresión de la autonomía de la voluntad de individuos singulares dispuestos a exponer su salud y su libertad a riesgos, sino en la posibilidad real que, de ese uso determinado, pudiera seguirse la difusión incontrolable de sustancias que pongan en peligro la salud y la libertad de los demás, nuestra ley sobre estupefacientes reconoce, siquiera parcialmente, el principio de la autodeterminación sobre los riesgos a la propia salud al consagrar la impunidad, con algunas excepciones, de las acciones de tráfico de las sustancias de que se trata para el "uso personal exclusivo y próximo en el tiempo", de lo que debe inferirse que, de no mediar tales excepciones relativas a los sitios en que el consumo está prohibido y sancionado como falta, los actos de posesión, transporte, guarda o porte de sustancias estupefacientes o sicotrópicas (artículo 4, inciso 1°, en relación al artículo 50 de la Ley N° 20.000), o de siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales productoras de la misma (artículo 8, inciso 1°, en relación al artículo 50 de la Ley N° 20.000), donde el destino de la sustancia sea el consumo personal exclusivo y próximo de la o las mismas personas que realizan las conductas antes enunciadas, no realizan el peligro general que se quiere evitar, sino, a lo más, pueden poner en peligro la salud del consumidor de esos productos, esto es, crear un peligro individual que la propia ley entiende no relevante a efectos penales (en términos similares, Politoff/Matus, cit., pp. 14, 15, 18 y 19).

Octavo: Que a la luz de las reflexiones anteriores cabe ahora centrarse en dilucidar el sentido de la oración uso o consumo personal exclusivo” a que condiciona el artículo 8 de la Ley N° 20.000 la sanción de las conductas que ésta norma tipifica conforme al artículo 50 del mismo texto. Los sentenciadores, como se desprende de lo expuesto en el motivo noveno del fallo impugnado, en el que se indica que la ley excluye de sanción sólo el “consumo individual” y no así el “consumo compartido”, entienden que la expresión “uso o consumo personal exclusivo” no abarca los casos en que la sustancia obtenida de la planta de cannabis esté destinada al consumo de más de una persona, cualesquiera sean éstas y con absoluta prescindencia de su participación en los actos previos de siembra, plantación, cultivo y cosecha de la planta. Tal conclusión debe ser desestimada por no pocas razones.
En un primer orden, la mera atención a la estructura gramatical del artículo 8° es insuficiente para dilucidar este asunto, pues este precepto, como la mayoría de los tipos penales, está redactado en base a la conducta de un autor individual, y así comienza expresando “El que, sin la competente autorización…”, para luego, de manera concordante señalar “a menos que [Él] justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”. Pero como resulta sabido, esta técnica legislativa no excluye la coautoría ni la participación en un delito, a menos que la naturaleza de éste no la permita -lo cual no ocurre en el caso de autos-. Por ende, los actos de siembra, plantación, cultivo o cosecha de las plantas realizados por dos o más personas mancomunada o concertadamente, aún cuando no todos ellos ejecuten alguno de esos actos de manera directa o inmediata, no serán sancionados conforme al artículo 8° sino según el artículo 50, en su caso, si justifican que la droga que obtendrían de esas plantas está destinada a su propio uso o consumo.
En un segundo aspecto, un análisis semántico tampoco abona la tesis de los juzgadores, pues la expresión “personal exclusivo” en el contexto de una disposición que admite la coautoría y la participación, como lo es el artículo 8° en comento, no supone necesariamente que el uso o consumo de la sustancia obtenida de la planta deba ser realizado por un solo individuo, sino nada más que debe efectuarse única y exclusivamente por la o las mismas personas que sembraron, plantaron cultivaron o cosecharon la planta que la produce, excluyéndose entonces su uso o consumo por terceros o extraños ajenos a dichas acciones.
En tercer lugar, el artículo 8° respecto de quienes justifiquen que la droga obtenida de la planta será destinada a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo dispone que “sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes”, sin excluir expresamente la aplicación del inciso 4° del aludido artículo 50, el que sanciona a “quienes consuman dichas drogas en lugares o recintos privados, si se hubiesen concertado para tal propósito”, y sin que tampoco, como ya se dijo, la misma estructura gramatical del artículo 8° ni el análisis semántico de la expresión “personal exclusivo” permita considerarlo implícitamente excluido. Es decir, si dos o más personas son sorprendidas sembrando, plantando, cultivando o cosechando la planta productora de cannabis, no serán sancionadas según el artículo 8° sino conforme al artículo 50 de la misma ley, en su caso, si justifican -en el supuesto que ahora interesa- que han convenido destinar la droga que se obtendrá de esa planta al consumo próximo y en un lugar o recinto privado, de esas mismas personas y no de otras.

Por otro lado, lo que se viene discurriendo es armónico con una interpretación teleológica del artículo 8° de la Ley N° 20.000, pues la afectación del bien jurídico salud pública no puede dilucidarse en base a un simple y mecánico criterio disyuntivo de unidad o pluralidad, que lleve a postular -como lo hace implícitamente la sentencia revisada- que si la acción del agente permite acceder a la droga sólo a una persona -entonces, el mismo agente- no se hace peligrar el bien jurídico, pero si le permite el acceso a dos sí se pone en riesgo. En el examen en referencia debe observarse más bien si la conducta dubitada puede generar, incrementar o al menos potenciar el riesgo de difusión o propagación incontrolada de la droga o del tráfico de drogas en la comunidad o colectividad, lo que supone una cierta aptitud o posibilidad de que la conducta contribuya a la propagación, puesta a disposición o facilitación más o menos generalizada de alguna de las sustancias traficadas entre un número indeterminado de consumidores finales, efecto o resultado que puede presentarse ya sea con un acto singular de venta de una dosis de droga a un único adicto o menor de edad, o por el contrario, puede estar ausente en el consumo privado de droga por varias personas que concertadamente se han proveído de la misma. Por lo tanto, dado que el artículo 50 recoge justamente las situaciones en que a juicio del legislador no se pone en riesgo la salud pública y que, como ha sido dicho, esa ausencia de peligro puede presentarse incluso respecto en aquellas conductas que permiten acceder a la droga a más de un individuo, cabe concluir que el uso o consumo “personal exclusivo” a que alude el artículo 8° al remitirse al artículo 50 puede ser llevado a cabo por más de una persona, si un estudio global de los hechos informado por las restricciones que se derivan de la consideración del bien jurídico tutelado y del principio de lesividad, permite excluir totalmente el riesgo de difusión de la sustancia. Por último, lo razonado por los jueces del grado ni siquiera se aviene a la política-criminal prohibitiva que hay detrás de la legislación especial en estudio, pues lo que aquellos postulan conllevaría, por ejemplo, que una pareja o grupo de personas que habitan en un mismo domicilio sólo podrán evitar la sanción penal prevista en el artículo 8° si, en vez de sembrar y cultivar en conjunto una sola planta de cannabis sativa y compartir su producto, cada uno de ellos siembra y cultiva su propia planta -multiplicándose según el número de habitantes la cantidad total de plantas y de droga que podría obtenerse de las mismas- única forma de justificar frente a una eventual persecución penal que el destino de la droga que se obtendría de cada planta sería el consumo individual o “singular” de su respectivo dueño.

12.-) Tocantes a recursos de amparo constitucional, en 2 ocasiones durante el año 2016 la Sala Penal de la Corte Suprema ha concedido Amparo, decretando la Ilegalidad de los allanamientos sin orden judicial y ha precisado que el mero avistamiento de plantas de Cannabis no constituye la flagrancia del delito de cultivo ilegal. Estos Amparos han redondeado lo que se desprende de los fallos absolutorios, confirmando que existe un cultivo de cannabis no penalizado, perfectamente legítimo, cuál es el cultivo destinado a un fin personal, de modo que no puede determinarse por la mera existencia de plantas y la ausencia del permiso de SAG, que se está en frente de un delito, puesto que faltaría al menos descartar que se trate de un cultivo destinado a un fin personal.
El 22 de Marzo de 2016 la Corte Suprema concede Amparo y declara ilegal un allanamiento policial sin orden judicial. Antes que se conociera la resolución de la Corte Suprema el Ministerio Público hizo uso de su facultad de No Perseverar en la causa invocando el "Principio de Oportunidad".
“2° En efecto, el avistamiento de plantas de Cannabis Sativa desde la calle delante durante un patrullaje preventivo –realizado con fines diversos, conforme se expone, no habilita para el ingreso al inmueble y ni para la detención del amparado, sin siquiera solicitar previamente instrucciones al ente encargado de la persecución penal, cuya posterior resolución da cuenta de la falta de proporcionalidad del actuar policial, ya que los indicios presuntamente apreciados no eran suficientes para justificar el ejercicio de las facultades de actuación autónoma invocadas” (Sentencia Amparo Corte Suprema 18303-2016)
El 5 de Mayo de 2012 la Corte Suprema concede Amparo y declara ilegal un procedimiento policial en contra de un padre de familia que cultivaba para tratar a su hijo con Síndrome de West, quien no obstante haber acreditado esta condición durante el procedimiento, fue igualmente vulnerado.

“3°) Que, en efecto, en lo que interesa, la letra b) del artículo 83 impone a los policías “Practicar la detención en los casos de flagrancia”, sin que en el presente caso se esté en alguna de las situaciones de flagrancia regladas en el artículo 130, pues los funcionarios policiales sólo reciben una llamada anónima con la que se les entrega información sobre la comisión de un delito en un determinado lugar, pero ellos no presencian o advierten directamente ningún hecho con caracteres de delito que se estuviere cometiendo o que acabare de cometerse -ni tampoco se presenta alguna de las otras circunstancias mencionadas en los literales c) a e) del artículo 130- que los liberara de cumplir la obligación de comunicarse antes con el fiscal. Es así como la detención del amparado es el resultado de la concurrencia a su domicilio, su interrogatorio, ingreso al inmueble y hallazgo de la droga, es decir, producto de una serie de diligencias de investigación, y no como resultado de un delito flagrante.
4°) Que el literal c) dispone que los policías deberán “Resguardar el sitio del suceso”, mandato que tampoco resulta pertinente al caso sub judice, por cuanto las actuaciones limitativas del derecho de propiedad, intimidad y circulación que pueden ser necesarias para llevar a cabo ese resguardo-impedir el acceso al lugar, proceder a su clausura, etc.- suponen que ya se ha constatado la comisión de un hecho que reviste carácter de delito en el espacio o lugar en que recaen esas diligencias, cuestión que no ocurre con la mera información entregada mediante el llamado anónimo, prueba de lo cual, es que para ello los policías debieron concurrir al lugar, obtener la confirmación de la tenencia de las plantas por su morador y finalmente registrar el domicilio hasta su hallazgo.” (Sentencia Amparo Corte Suprema 28004-16)

13.-) Cabe añadir que además, el 3 de Octubre de 2016, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en el contexto de la discusión de la modificación de la Ley 20.000, el Director de la Unidad Contra el Tráfico Ilícito de Estupefaciente y Sustancias Psicotrópicas del Ministerio Público, don Luis Toledo Ríos, aclaró la postura institucional en relación al cultivo personal de cannabis. Sus categóricas declaraciones expresan la concordancia de la Institución con la interpretación que la Sala Penal de la Corte Suprema le ha dado al artículo 8° de la Ley 20.000, e informan del proceso de readecuación en que se encuentran, a través de capacitación, coordinación con las Policías y modificación de la normativa interna, y en lo específico orientar su política persecutoria al tráfico y no al consumo, en un contexto de irrestricto respeto de los Derechos y Soberanía Esencial.

14.-) Por su parte la Policía de Investigaciones, a través del Subprefecto don Alex Espinoza, Jefe de la Plana Mayor de la Jefatura Nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado, el 27 de Octubre de 2016, en la Tercera Jornada de Integración Ciudadanía-Justicia, realizada el Senado en Santiago, señaló que se encontraban en total sintonía con lo declarado por el Ministerio Público, agregando un explícito reconocimiento a la Dignidad de las personas que cultivan dentro de su Soberanía Personal, sin orientarse al tráfico, a quienes consideran sujetos de su protección y servicio.

15.-) No obstante lo anterior, en los hechos y como hemos relatado, a pesar de los fallos de la Excma. Corte Suprema de Justicia, de las declaraciones antes referidas, y en fin, de las normas constitucionales y legales ya citadas, es que actualmente nos encontramos perturbados o, en subsidio, amenazados, en nuestra libertad personal y seguridad individual, por la persecución penal que puede seguirse en nuestra contra, puesto que de hecho está ocurriendo, en estos momentos, en contra de Personas que en similar situación a la nuestra se les ha sometido a procesos policiales y penales que han vulnerado la Soberanía esencial consagrada e interferido el despliegue de sus Derechos Fundamentales coartando la Libertad Personal y degradando el nivel de su Seguridad Individual, con nefastas y dramáticas consecuencias para su integridad y desenvolvimiento social.
16.-) Finalmente, en cuanto a la procedencia de esta acción, cabe señalar que con fecha 17 de Abril del 2017, en sentencia dictada en causa rol 12.188-2017, la Excma. Corte Suprema de Justicia admitió a trámite un recurso de amparo que busca proteger intereses individuales como el de autos.
Adicionalmente, cabe señalar que el objetivo de este amparo no es sustraerse a la acción de la Justicia ni al sistema punitivo del Estado, ni situarse al margen del ordenamiento jurídico sino que, muy precisamente, ceñirnos al cumplimiento de la Constitución y las Leyes y que los organismos ya referidos se ajusten a estos cuerpos normativos en su proceder, todo ello con miras a proteger la libre expresión de la identidad esencial, su dignidad y soberanía, expresada en la libre adopción de un legítimo sistema de vida, a través de la práctica de las conductas descritas en este recurso relativas al uso y consumo de Cannabis.

Por tanto;
En mérito de lo expuesto, y lo prescrito en los artículos 19 N°7 y 21 la Constitución Política de la República, demás normas constitucionales citadas, pido a S.Sa. se sirva tener por interpuesta esta acción constitucional de amparo en contra de los recurridos ya referidos, por las perturbaciones o en subsidio, amenazas a nuestra libertad personal y seguridad individual, constituidas por eventuales allanamientos, ingresos e intrusiones a nuestros domicilios y/o persona conforme lo expuesto en el cuerpo de este escrito, domicilios que por ahora mantenemos en reserva a fin de cautelar nuestros derechos fundamentales, en los cuales en el ejercicio de nuestra libertad espiritual mantenemos Cannabis y/o la detentamos cuando nos desplazamos en la vía pública, y en definitiva se sirva acogerla y se ordene a los recurridos, abstenerse en lo sucesivo de interferir en nuestras actividades personales que desarrollamos para los fines supra señalados, sin perjuicio de las medidas que S.Sa. Iltma. adopte en definitiva para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de estos recurrentes.


Otrosí: Nos patrocina el Abogado Adolfo Ortega Aichele, a quien otorgamos mandato judicial para que nos represente procesalmente en autos, y otorgándole al efecto todas las facultades contenidas en ambos incisos del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, que se dan por reproducidas. Su domicilio es calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1061, piso 2°, Concepción.